Tecate, B.C. — La crisis de seguridad que impacta al sector comercial de Tecate y el consecuente cierre de establecimientos ha generado un creciente malestar entre los comerciantes locales. Ante este escenario, la postura oficial del Gobierno Municipal, expresada por la directora de Desarrollo Económico, Betsy Durán, refleja un diagnóstico en el que la responsabilidad institucional se delimita estrictamente a la gestión administrativa y a la exigencia de denuncias formales por parte de los afectados.
En entrevista, la funcionaria reconoció que existe un cierre de comercios en la ciudad, aunque atribuyó esta problemática a una combinación de factores, entre ellos la redistribución del flujo comercial hacia zonas de reciente desarrollo como Encinos, en detrimento del centro de la ciudad, además del impacto del crimen.
Al ser cuestionada sobre las acciones concretas de su dependencia ante los cierres motivados por la delincuencia, Durán enfatizó las limitaciones operativas y legales de su área:
"Nosotros como desarrollo económico no somos policías, no somos aquellos preventivos ni aquellos que abordan la inseguridad (...) solamente somos el vínculo hacia seguridad ciudadana, hacia seguridad estatal y demás."
La titular de Desarrollo Económico argumentó además que la problemática rebasa el ámbito local, calificándola como un fenómeno estatal, nacional e incluso global. Bajo esta premisa, la funcionaria declinó asumir competencias en materia de combate directo al delito:
"Lamentablemente el tema de seguridad nos está rebasando quizá, pero como gobierno ahora sí que no nos podemos enchalecar todas las cosas (...) yo no me puedo poner el superpoder de heroína y decir yo voy a luchar contra la inseguridad porque no tengo ni la capacidad."
Entre la falta de denuncias y la efectividad institucional
El pilar central de la estrategia planteada por la Dirección de Desarrollo Económico radica en instar a los comerciantes a presentar denuncias formales ante el Ministerio Público o la Sindicatura, señalando que las quejas informales o los señalamientos en redes sociales carecen de validez legal para activar a las corporaciones de seguridad.
"Si no ponemos una queja formal, ¿cómo contrarrestamos o cómo decimos 'están estas quejas y tenemos que atenderlas'? Si nos basamos solamente en dimes y diretes, no hay fundamento (...) Es invitarlos a tener esa cultura para que las propias autoridades hagan lo que les corresponde."
Si bien la denuncia formal es un requisito procedimental indispensable dentro del sistema de justicia para la integración de carpetas de investigación, la postura oficial deja al descubierto una brecha estructural: la brecha entre el canal de vinculación que ofrece el Ayuntamiento y las garantías reales de protección a los comerciantes.
Mientras la autoridad municipal acorta su radio de acción a la orientación y canalización institucional, el sector productivo se enfrenta a un dilema continuo: asumir el costo operativo y el riesgo que implica interponer una denuncia formal o optar por el cierre definitivo de sus puertas ante la persistencia del delito.