Padres de Familia cierran la Primaria Club Rotario No. 4 en Valle de las Palmas enTecate

La tensión y el hartazgo social estallaron en la zona rural de Valle de las Palmas. Cansados de la omisión institucional, madres y padres de familia de la primaria Club Rotario No. 4, ubicada en El Polvorín, tomaron la decisión de cerrar de manera pacífica e indefinida las instalaciones del plantel. La exigencia es clara y contundente: la destitución definitiva del intendente, a quien acusan de poner en riesgo la integridad de la comunidad escolar debido a conductas inapropiadas, acoso, faltas administrativas y un historial de adicciones.

La protesta se levantó como respuesta a un clima insostenible que afecta directamente a los aproximadamente 80 menores que cursan sus estudios en el plantel, así como al cuerpo docente, integrado en su mayoría por mujeres que laboran en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta de la sociedad de padres de familia, la gota que derramó el vaso fue la inminente reincorporación del trabajador a sus labores, aun cuando enfrenta múltiples señalamientos graves que ya fueron documentados ante las autoridades educativas.

Entre las anomalías denunciadas por los padres destacan:

• Conductas de acoso e invasión a la privacidad: Padres y docentes han señalado que el intendente vigila e incluso espía áreas sensibles como los baños, tanto a alumnos como a maestras.

• Consumo de sustancias y hallazgos en el plantel: Durante jornadas de limpieza, los padres han localizado colillas de cigarrillos, latas de cerveza y envases de bebidas energizantes dentro de la escuela. Asimismo, se documentó que personas externas acudían a buscarlo y señalaban su vehículo.

• Ausentismo y abandono laboral: El trabajador ha acumulado faltas y actas administrativas, encontrándose actualmente internado en un centro de rehabilitación, con el temor latente de que se reincorpore a sus funciones.

"Aquí los niños tienen que venir acompañados de la maestra hasta el salón y hasta los baños, porque el señor este se la pasa espiando a los niños en los baños, hasta los maestros también. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos? Exigimos una solución por escrito de que el señor no va a regresar", denunció la representante de los padres.

Tras una reunión sostenida el pasado martes 27 con representantes de la Secretaría de Educación (ISEP), los ánimos se crisparon. Según los testimonios, la delegada regional, Irlanda Andrade, se mostró a la defensiva y minimizó el problema al argumentar que el plantel cuenta con un intendente interino y que la solución definitiva se daría hasta el próximo martes.

Esta respuesta fue catalogada como una burla por los padres de familia, quienes temen que la promesa de solución sea solo un trámite para dilatar el caso y permitir que el trabajador regrese a sus actividades cotidianas. Ante esto, decidieron mantener el cierre de la escuela bajo la consigna de no abrir hasta tener un documento oficial que garantice la baja o remoción definitiva del trabajador.

"La escuela es de nosotros, de los padres de familia, no es de los que vienen de afuera. Los maestros ahora sí no tienen ninguna protección... Queremos evitar que regrese; si es posible que lo destituyan, porque no es lógico que tengan a un intendente donde los niños corren peligro", enfatizaron.

Además del conflicto directo con el intendente, los padres de familia denunciaron una total falta de garantías de seguridad en la zona rural. Por ello, lanzaron un doble llamado urgente a las autoridades competentes:

1. Vigilancia Policial Permanente: Solicitan una unidad de patrullaje que vigile el perímetro escolar durante todo el horario de clases (de 8:00 AM a 12:00 PM), protegiendo la entrada y salida de los menores.

2. Filtros de Contratación Eficientes en el ISEP: Exigen que el sistema educativo implemente evaluaciones psicológicas y estudios de entorno a fondo para evitar que personas con adicciones o perfiles violentos sean asignadas a centros escolares donde conviven niñas y niños.

Los padres de familia ofrecieron una disculpa pública a la dirección y al cuerpo docente por la afectación temporal en sus labores, aclarando que la medida es un acto de legítima defensa para salvaguardar a sus hijos, advirtiendo que mantendrán la postura firme hasta que una autoridad con poder de decisión acuda al plantel a darles una respuesta por escrito.